La Izquierda Diario - Género y Sexualidades

No es noticia que en la Provincia de San Luis las recientes gestiones de Poggi a nivel provincial e Hissa a nivel municipal correlativamente vienen garantizando políticas de ajuste profundo en paridad con una visión de encaje con el gobierno nacional. Y que, para garantizar esto, necesitan utilizar todo tipo de represión y omisión a los sectores minoritarios de la sociedad puntana. Recientemente la burbuja explotó, ¿Cuál es la respuesta que debemos dar a dicho ataque?.

Hace unos días atrás, durante un conflicto encabezado por trabajadores municipales de la Ciudad de San Luis en reclamo de los incesantes despidos circuló en redes sociales un video en el cual Adriana Garro, encargada de Recursos Humanos de la Dirección de Residuos de la Municipalidad, agravia en forma discriminatoria y transodiante a Karla Heredia, una mujer trans que fue despedida arbitraria e ilegalmente de la Municipalidad de San Luis el día 15 de Enero.

En base a este suceso ampliamente repudiable, activistas trans pidieron enérgicamente una sanción a Garro por sus repudiables dichos. Y sostuvieron la reincorporación laboral de todas las trabajadoras injustamente despedidas del municipio capitalino.

Como era de esperarse…

Finalmente, el día 11 de Abril el “Honorable” Concejo Deliberante donde el bloque oficialista, encabezado por Agustina Arancibia Rodriguez, nuevamente agredió al colectivo LGTBIQA+ dejando claro, por si quedaba algún tipo de duda, su posicionamiento racista, autoritario y transodiante.

Así también, la Concejala Huaytay Otiniano presentó una moción para desestimar el proyecto que solicitaba una sanción para la funcionaria Adriana Garro sin goce de haberes y separada preventivamente del cargo. Además, dicha Concejala se refirió de forma discriminatoria ante la presencia de activistas trans que se encontraban en el recinto reclamando por la reincorporación inmediata de todas las trabajadoras injustamente despedidas y en defensa del cupo laboral trans.

A ese -no tan- Honorable Concejo Deliberante queremos recordarle que la Ley de Acceso Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros “Diana Sacayán y Lohana Berkins”, se conquistó como parte de una gran lucha del colectivo de diversidad y buscó dar una respuesta a la altura a la enorme problemática de la falta de empleo genuino de un sector que históricamente fue ninguneado y violentado por la sociedad patriarcal y trans-fobica.
En igualdad de condiciones que cualquier otrx trabajador/x que necesita recurrir a otro empleo para llegar a fin de mes en un país inflacionario gobernado ahora por un defensor acérrimo de estas ideas arcaicas, las personas del Colectivo Travesti-Trans, además de tener peores sueldos por iguales tareas, continúan siendo violantadxs a la hora de buscar trabajo en el sector privado. Y como si eso fuera poco, es a día de hoy que dicho colectivo sufre de discrminación constante en todos los estratos de la sociedad capitalista y la (in)justicia burguesa que busca perpetuar la precariedad de sus vidas por una elección de ser.

Finalmente, la presidenta del Concejo recurrió al pedido de represión indicando a la policia que desaloje a las compañeras del colectivo del recinto. Este accionar es una parte de una política represiva y transodiante que lleva adelante el gobierno junto al ataque a lxs trabajadores del Estado que vienen sufriendo constantes despidos y suspensiones desde el inicio de la gestión de Poggi e Hissa.

Frente a todo ataque transfobico, patriarcal necesitamos redoblar la apuesta en las calles luchando por el cupo laboral travesti-trans, y contra toda forma de opresión y explotación contra la Comunidad LGTBIQA+. Para eso, proponemos fortalecer la organización por la recuperación definitiva de los derechos adquiridos.

En base a esto exigimos:

•Inmediata reincorporación de las compañeras y todxs los trabajadores despedido. Lxs laburantes no son casta.

•Remoción de Adriana Garro como Encargada de Recursos Humanos de la Direccion de Residuos de la Municipalidad de San Luis.

•Basta de persecución a lxs que luchan. La protesta es un derecho.

•Ante el transodio, redoblamos la organización y la lucha transfeminista.

Se trata de los familiares del caso que tuvo eco en la campaña “Eran niñas” por el crimen de María del Carmen y Lilian Mariana. En septiembre de 2020 las dos niñas de 11 años fueron asesinadas a manos del Ejército de Paraguay. Posteriormente encarcelaron a Laura Villalba, la madre de María del Carmen, acusándola falsamente del crimen.

En noviembre de ese año, Lichita (Carmen Elizabeth Oviedo Villalba), de 14 años y prima de las niñas asesinadas, es secuestrada y desaparecida. Estos hechos llevaron a una campaña por su aparición con vida, señalando la responsabilidad del Estado paraguayo.

La familia de las niñas denuncia la persecución del Estado, así lo describía Myriam Villalba, en conferencia de prensa el año pasado: “Soy mamá de Lilian, tía de María Carmen y de Lichita. Lilian y María Carmen fueron capturadas vivas, torturadas y ejecutadas en la zona de Yby Yaú, en Concepción, por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta compuesta por policías y militares. Este hecho fue muy festejado por el presidente Mario Abdo Benítez, quien hizo una conferencia de prensa sobre el cuerpo de nuestras niñitas, donde dijo que habían abatido a dos peligrosos guerrilleros, integrantes del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo)”.

A su vez, detalló que su hermana Laura no contaba con orden de captura ni tenía una causa penal abierta al momento de ser detenida, fue inventada después. En ese contexto, Myriam se encuentra refugiada en el país por la persecución que vive su familia en Paraguay. Misma situación en la que se encuentran sus familiares como Rosa, Tania y José. Según la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina “los integrantes de la Familia Villalba tienen *estatus de refugiados* concedido por la CONARE, con documentos de identidad argentinos”.

En un comunicado publicado el viernes, la Gremial denuncia que durante la madrugada “allanaron con un importante despliegue de fuerzas federales los domicilios de José, Rosa y Myriam Villalba en distintas jurisdicciones del Gran Bs As. Un despliegue y violencia que caracterizamos de obsceno”.

La orden la dio el juez Ercolini, en los allanamientos fueron detenidas Myriam, Rosa y Tania con la finalidad de extraditarlas a solicitud del Estado Paraguayo. En los allanamientos también se encontraban Anita (melliza de Lichita) y Tania, sobrevivientes de la matanza donde fueron asesinadas Lilian y María Carmen. Myriam se encontraba con sus nueve niños y Tania tiene una bebé de un año y medio, detallan desde la Gremial.

· Javier Milei y La Libertad Avanza atacaron el derecho al aborto desde el día cero. Cada vez que el presidente amenaza con un plebiscito, un funcionario dice que tiene “fundada esperanza” en la derogación del aborto legal, o un diputado presenta un proyecto, se encienden las alarmas.

· Hay una política discreta y efectiva para erosionar el derecho a decidir: DESFINANCIAR.

· Sin presupuesto los derechos son decorado para los gobiernos. Lo usan (a favor) para legitimarse con discursos feministas y (en contra) para legitimarse con batallas culturales.

· Cómo funciona el desfinanciamiento en un contexto de ajuste y despidos en el sector público.

· Desde diciembre no se envían insumos para interrupciones seguras: misoprostol, mifepristona y equipamiento para abortos quirúrgicos.

· La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Ministerio de Salud) no tiene autoridad designada. Este organismo compra y distribuye anticonceptivos e insumos abortos seguros.

· El impacto es desigual: Catamarca o Entre Ríos dependen exclusivamente del envío de Nación (no es un favor, es una ley). Otras provincias como Córdoba, Neuquén o Buenos Aires decidieron usar recursos provinciales para garantizarlos. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe. ¿Qué harán las demás? Tampoco.

· ¿Cómo es el día a día? Hablé con ginecólogas y otras trabajadoras de la salud sobre esto.

· Una trabajadora de un centro de salud municipal de Córdoba Capital dice: “nuestro centro de salud hasta junio del año pasado recibía medicación para IVE en el botiquín que mandaban desde Nación, y en la farmacia municipal se contaba con stock y nunca había habido faltante. Desde enero que no contamos con stock de medicación sobrante, y para los tratamientos diferimos a veces unos días porque no contamos con el insumo en el momento de la consulta”. Cuenta que en la farmacia municipal, “el miércoles previo al feriado largo era de 19 tratamientos para los 100 centros de salud, ese insumo es escasísimo, dado que por ejemplo en nuestro centro de salud se hacen entre 2 a 5 tratamientos por semana”.

· Una ginecóloga del hospital Gonnet de La Plata (provincia de Buenos Aires) me contó que notaron que “hay más consultas y sobre todo el motivo de interrupción es económico. La mayoría nos dice que no pueden sostener otra crianza. Nos pasó en varias situaciones que había deseo de maternar y no había recursos económicos”. Cuando le consulté sobre la falta de insumos me dijo que “hay faltante de mifepristona en la Provincia de Buenos Aires, y de anticonceptivos (sobre todo de implantes e inyectables). La respuesta de la Secretaría de Salud Sexual es que ‘nos prestemos mifepristona entre efectores' (hay casos que sí o sí la necesitamos, la semana pasada tuve una paciente internada todo el día y a la noche me trajeron en ambulancia una dosis de mifepristona que consiguieron en un hospital del interior”.

· En Jujuy, una trabajadora del plan de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia (ENIA) me dijo que “los insumos venían de la Dirección Nacional de Salud Sexual Reproductiva que, a pesar de no estar el plan, podríamos seguirlo recibiendo y canalizarlos mediante los equipos de salud que trabajan en la provincia, pero no recibimos más medicación de interrupción del embarazo”.

· “Lo que sabemos que llegó de Nación es el remanente de la compra que quedó de el gobierno anterior, y lo que sí recibimos es algún clearing (así se llama), algún envío de medicamentos de otras provincias que no lo iban a utilizar”.

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Desmantelamiento del plan ENIA

· En paralelo a este desfinanciamiento vía no envío de insumos básicos, el gobierno de Milei desmantela el plan ENIA (plan de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia). Este plan, que es modelo en América latina por su eficacia, redujo los embarazos no intencionales en la adolescencia de 49 a 27% en 5 años. Empezó en 2018 y le ahorra al Estado un 0,16% del PBI (costos asociados de atención a chicas de 10 a 19 años).

· La totalidad de las 709 personas que trabajaban en el plan en 11 provincias fueron despedidas cuando no se renovaron sus contratos (todos precarios).

· Naza, que trabajaba en el plan ENIA en Jujuy, me contó que “La provincia de Jujuy sufrió, al igual que el resto de las provincias del país que tenían plan ENIA, la suspensión de este programa. Esto significó que 50 personas, 50 profesionales, que trabajaban en el programa algunos queden sin trabajo y otros que tienen algún otro trabajo, ya sea en Salud, en Educación en la provincia, dejen de ser prestadores de este plan”.

“El plan ENIA en Jujuy se inició en los dos departamentos con mayor porcentaje de embarazo adolescente, el departamento de San Pedro, el departamento General Belgrano (donde queda la capital) y logramos reducir en estos cinco años que lleva el plan a la mitad los embarazos adolescentes”.

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Entre la batalla cultural y el desfinanciamiento

· ¿Vieron que algunos dicen que el derecho al aborto es algo feminista de clase media? Todo lo contrario.

· ¿Cuánto cuesta abortar con Misoprostol? Una caja de 12 comprimidos (lo necesario para el tratamiento) cuesta entre 80 y 120 mil pesos la última vez relevado.

· Si tenés obra social o prepaga, estás cubierta. Si no tenés nada de eso, tu única opción es que se cumpla la ley y haya insumos en el hospital público.

· ¿Se ahorra con la motosierra? NO. En 2020 se hizo el último cálculo del costo anual de atención de abortos clandestinos para el Estado 2.586 millones versus 314 millones en condiciones seguras. Más allá de la inflación, la brecha es enorme.

· El ataque al derecho al aborto y la salud sexual está motivado más por la batalla cultural que por el ahorro, pero el resultado es económico y lo único que genera es más desigualdad.

· Estos derechos no se defienden con discursos ni promesas electorales, se defienden en el lugar donde lo conquistamos: en la calle.

La provincia de Jujuy sufrió, al igual que el resto de las provincias del país que tenían plan ENIA, la suspensión de este programa. Esto significó que 50 personas, 50 profesionales, que trabajaban en el programa algunos queden sin trabajo y otros que tienen algún otro trabajo, ya sea en Salud, en Educación en la provincia, dejen de ser prestadores de este plan.

El plan ENIA en Jujuy se inició en los dos departamentos con mayor porcentaje de embarazo adolescente, el departamento de San Pedro, el departamento General Belgrano (donde queda la capital) y logramos reducir en estos cinco años que lleva el plan a la mitad los embarazos adolescentes, o sea, se inició el programa con un 15 % de parto de madres adolescentes y ahora estamos en un 7 %. Redujimos a la mitad o más los embarazos.

El viernes 12 de abril realizan una actividad para visibilizar y defender el plan ENIA en Jujuy

Los insumos que llegaban para cumplir los objetivos y las metas de reducir el embarazo no intencional de adolescentes, eran tanto los anticonceptivos como la medicación para la interrupción del embarazo.

Los insumos venían de la Dirección Nacional de Salud Sexual Reproductiva que, a pesar de no estar el plan, podríamos seguirlo recibiendo y canalizarlos mediante los equipos de salud que trabajan en la provincia, pero no recibimos más medicación de interrupción del embarazo.
Lo que sabemos que llegó de Nación es el remanente de la compra que quedó de el gobierno anterior, y lo que sí recibimos es algún clearing (así se llama), algún envío de medicamentos de otras provincias que no lo iban a utilizar o que tenían en exceso, que la provincia había comprado y como son medicamentos estaban próximos a su fecha de vencimiento, se están redistribuyendo en el país a los fines de ser utilizados.

Aquí en Jujuy como no tenemos compra provincial, en algunos casos tuvimos que recurrir en estos últimos meses a que las mujeres compren la medicación, en otros con mucha dificultad, que algunas obras sociales, la reconozcan, que eso es muy difícil, no cumplen con la ley (que está dentro del Programa Médico Obligatorio). El tratamiento cuesta entre 120 y 150 mil pesos, depende de la medicación que indiquemos. Con respecto a los anticonceptivos, la preocupación es que podamos tener la suficiente cantidad de implantes subdérmicos, que son el método más solicitado por las adolescentes, que fue uno de los que más ayudó a la reducción de embarazo adolescente y todo eran enviados por la Dirección Nacional de Salud Sexual Reproductiva y ya no volvimos a recibir en cantidad.

En la provincia de Jujuy se inició un expediente para la compra de insumos para la interrupción del embarazo, y tengo entendido que en estos días salió aprobado, o sea, que vamos a contar con ese insumo, ojalá que prontamente para no tener que estar negando ni haciendo que las mujeres tengan que costear esto, que en esta situación económica es tan difícil.

Y la atención que se brindaba con el Plan ENIA o el tipo de trabajo que hacíamos con adolescentes va ser muy difícil reemplazarlo en la provincia. Nosotros tenemos gran cantidad o tenemos muchos trabajadores de educación para la salud, agentes sanitarios, pero con la cantidad de cosas que tienen que resolver y con todo lo que está pasando, es difícil. No dan abasto y no pueden dar respuesta a esta atención que se hizo desde el Plan ENIA, eso va a ser un vacío muy grande y se va a notar mucho a la hora de cuidar la salud sexual de los adolescentes.