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Florencia Guiñazú: dolor por el femicidio y bronca por la responsabilidad del Estado
7 de abril, por Ni Una Menos — Géneros y Sexualidades, Violencia de género, Mendoza, Ni Una Menos, Géneros y Sexualidades, Violencia de género, Mendoza, Ni Una MenosFotos de Florencia Guiñazú inundan las redes sociales desde que se conoció la noticia de su femicidio. La despiden sus amistades, quienes la conocieron, su club de futbol y cientos de personas que una vez mas asistimos con horror a lo peor de la violencia machista gritando Ni Una Menos. Ella había denunciado violencia de genero el año pasado, otra vez la responsabilidad del Estado se esconde detrás de la tragedia.
Florencia Guiñazú cumplió 30 años en marzo, fue asesinada por su pareja Ignacio Agustín Notto en Guaymallén. Tenía un hijo de siete años y una hija de cinco. Era Técnica en Higiene y Seguridad Laboral, practicaba fútbol, rugby y crossfit. Nació en La Consulta, San Carlos, pero vivía hace algunos años en el Gran Mendoza.
En la tarde del sábado, un vecino alertó la situación a la policía al encontrar un cartel que decía “llamen al 911 los niños están solos”.
La trágica noticia de su muerte nos conmociona una vez más, es el tercer femicidio del 2024. Isabel Ríos (69), en San Carlos, fue asesinada el 26 de enero y María Victoria Ruiz (44), en El Carrizal, el 2 de febrero.
Rápidamente fotos de Florencia inundaron redes sociales y grupos de Whatsapp. Otra vez el dolor por un femicidio, otra vez enterarnos que ya había denunciado violencia de genero y otra vez la certeza de que no vamos a parar hasta lograr que no haya Ni Una Menos.
Los datos de la violencia de genero en la provincia
Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) publicó un Dossier estadístico de Género. Allí dan cuenta de datos correspondientes al año 2022: en ese año 6560 mujeres en situación de violencia realizaron una denuncia o solicitaron algún tipo de abordaje en las áreas de la mujer municipales o provinciales.
En el Dossier podemos ver que más del 65% de las mujeres en situación de violencia que realizaron una denuncia tiene entre 24 y 43 años. En el 94,2% de los casos registrados el agresor es una pareja o expareja de la mujer denunciante. El 28% de las mujeres en situación de violencia convive con su agresor.
También que el 78,3% de estas mujeres no cuentan con obra social. Casi el 53% declaró estar desocupada o inactiva.
Esta caracterización, proporcionada desde el Estado, nos permite ver lo alarmante de una situación que el movimiento de mujeres pone sobre la mesa con masivas movilizaciones.
Florencia, al igual que muchas otras, había realizado una denuncia previa a su femicida. Pero el accionar de los gobiernos se centra en respuestas penales y elaboración de informes estadísticos. Los presupuestos para el abordaje integral de las situaciones de violencia son ajustados y la falta de campañas informativas.
El mes pasado, se conoció el cierre de un refugio a cargo de la ONG Sobran Motivos. Una de las fundadoras, Soledad Benegas, explicó que dejaron de recibir aportes económicos para cubrir los altos costos de alquiler y personal. Según se pudo conocer en medios locales, desde la ONG plantearon "Nos vemos obligadas a cerrar porque dejamos de recibir aportes que teníamos a través del Banco Nación, de personas que nos donaban sus puntos y la entidad nos enviaba el dinero. El acuerdo no se renovó con la nueva gestión del presidente Milei y a pesar de que insistimos, nos dijeron que no era una prioridad este tema".
La respuesta del gobierno provincial, llegó por un comunicado de Belén Bobba, directora de Género y Diversidad: “A fines de febrero, desde la Fundación comunicaron la decisión de cerrar el refugio, porque dejaron de recibir aportes del Estado nacional y además se habían encarecido muchísimo los costos operativos y profesionales. Posteriormente, el 12 de marzo, llega la notificación de que daban por finalizado, de manera voluntaria a partir del 31 de este mes, el convenio que tenían con el Gobierno de la Provincia".
Es lamentable la respuesta del organismo encargado de abordar las situaciones de violencia. Responden desligándose de toda responsabilidad mientras no dicen nada de los presupuestos insuficientes que año a año corren detrás de la inflación inclusive utilizando menos recursos de los disponibles.
De la misma forma, tampoco ofrecen oposición consecuente a las medidas de Javier Milei que desarman programas como el de la Línea 144, Acompañar y capacitaciones como la que establece la Ley Micaela, que si bien han sido muy cuestionados por su acotado alcance, asisten a mujeres, lesbianas, gays, travestis y trans en situación de violencia de género.
Es una situación de emergencia, casi un femicidio al mes este año y 17 denuncias o solicitudes de abordaje al día(según datos del dossier). Como lo exigen las enormes marchas por Ni Una Menos, las organizaciones de mujeres y hemos propuesto desde el Frente de Izquierda y Pan y Rosas, es necesario un Plan integral Contra la Violencia de Género.
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“Mirar desde la base de la pirámide social nos permite pensar horizontes comunes a largo plazo”
7 de abril, por Entrevista con Susana Draper — Géneros y Sexualidades, Entrevista, Feminismo, Edición México, Edición Uruguay, Edición Venezuela, Punitivismo, #Feminismo, idz-mx 07-04-2024, Géneros y Sexualidades, Entrevista, Feminismo, Edición México, Edición Uruguay, Edición Venezuela, Punitivismo, #Feminismo, idz-mx 07-04-2024Susana Draper es escritora y docente. Uruguaya de nacimiento, actualmente vive en Harlem, Nueva York, y es profesora en la Universidad de Princeton. Participa en diferentes colectivos feministas y luchas por la abolición del sistema carcelario. Tinta Limón publicó recientemente su libro Libres y sin miedo. Horizontes feministas para construir otros sentidos de justicia, en el que recorre e hila, según sus palabras, diferentes experiencias de colectivos feministas, movimientos abolicionistas de la cárcel y luchas por las condiciones de vida en comunidades históricamente criminalizadas.
En un movimiento feminista atravesado por nuevos y viejos debates alrededor del punitivismo, Susana propone otra lectura de los “hitos legales” en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y personas LGBT. Propone ponerlos bajo la mirada de las comunidades que luchan por mejorar sus condiciones de vida en un capitalismo cada vez más desigual en el que se multiplican las violencias y recuperar las tradiciones de los feminismos que en los años 1970 enlazaron su lucha contra la opresión con una transformación radical de la sociedad.
En el libro contás que uno de los disparadores fue una visita a la cárcel de Rikers en Nueva York y comentás las repercusiones del Me Too mucho más allá de Hollywood.
Me interesaba lo de empezar en el baño, en ese lugar que trae la pregunta que hizo posible el Me Too en las cárceles, la violencia sexual en las cárceles, algo totalmente naturalizado, pero de lo que no se habla porque hay una relación estrecha entre el abuso y la cárcel, pero nunca la miramos, ¿no? Y a mí lo que me interesaba era la deriva que tuvo el Me Too, que a niveles de cultura dominante hollywoodense fue muy punitivista, pero cuando lo miramos desde la situación de mujeres, personas trans y personas no binarias encarceladas es como que esa deriva no tiene sentido porque empezamos ya desde un lugar en el que estamos frente a toda esa violencia estatal naturalizada e invisibilizada.
Eso abre otra capa de preguntas. Y he estado interesada por muchos años en el movimiento abolicionista, abolicionista del sistema carcelario, que no es solo la cárcel sino justamente ver la cárcel como una terminal de múltiples relaciones. Y entonces me interesaba [pensar] cómo crear itinerarios que le den nombre, que traigan preguntas, posibles recorridos a algo que suena paralizante. Cuando decimos qué significa imaginar un mundo en el que la cárcel no sea la manera de resolver una cantidad de problemas, violencias, injusticias del propio sistema capitalista y del Estado como gestor de esas violencias, siempre al servicio del capital. Eso nos paraliza porque buscamos una solución y la cárcel ha sido esa solución. Entonces cómo desentramar una cantidad de violencias que nos hacen pensar por separado y unirlas, en relación con esa pregunta.
Me interesó mucho el recorrido que hacés de las legislaciones en el neoliberalismo (aunque son específicas de Estados Unidos, impactan en los imaginarios feministas de todo el mundo). Recuperás algunas lecturas previas y proponés un recorrido “en contexto” de las leyes que reconocen y tipifican la violencia contra las mujeres y personas LGBT, ¿por que te pareció importante destacar ese aspecto?
Hablar de procesos legislativos siempre es complejo porque nos chupa una mirada más liberal, y hay una parte del feminismo que pactó con ese tipo de “solución” frente a las violencias de género. A partir del 2016, cuando se convoca el “Paro Internacional de Mujeres” en Argentina, acá [en Estados Unidos] nos movilizamos, estaba la campaña de Donald Trump, y nos quedamos pensando en todo lo que nos hacía posible hablar de feminicidio y formas de violencia, pero siempre frente a esas formas de violencia viene la respuesta de la tipificación, que hay que tipificar y hay que criminalizar. Sin embargo, quienes participamos en luchas que tienen que ver con comunidades que son siempre criminalizadas, empezamos a ver una cantidad de cruces.
Un ejemplo es VAWA [Ley contra la Violencia hacia las Mujeres en inglés, de 1994], que sale al compás de la Convención de Belém do Pará [una convención realizada en Brasil el mismo año, también sobre violencia machista], es decir, esas grandes formas que sentaron el ejemplo de cómo lidiar a nivel legal con la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Y sin embargo, cuando participás en luchas por la liberación de personas encarceladas, empezás a ver cómo fue todo ese paquete legal, parte de la legislación neoliberalizadora en los años 1990, y ves cómo una mujer es atravesada por una cantidad de procesos de criminalización. Entonces, lo que por un lado era legislar para convertir en una pena de las más grandes la violencia basada en género afecta luego a una cantidad de mujeres presas de otras formas, ya sea porque son formas de tipificación que también se usan contra las mujeres en un sentido amplio. También porque ahí entraba, por ejemplo, la reforma total del sistema de asignaciones familiares, que hace que muchas [mujeres] al frente de hogares monomarentales quedaran sin posibilidades de criar y eso coincide con las políticas de la “guerra contra las drogas”, que empiezan a buscar sobre todo mujeres para agrandar el sistema carcelario femenino y, a su vez, con las políticas migratorias. Si lo miramos desde ese cruce, me parece muy importante reimaginar cómo pensamos intervenciones a nivel legislativo primero que no tengan que ver con la automatización de criminalizar y que sean capaces de ver esos procesos relacionales. Ahora por ejemplo es un desafío pensarlo acá con la repenalización del derecho a abortar, que es un horror, pero también podría ser una oportunidad de pensar realmente qué significaría un paquete legislativo que ponga la justicia reproductiva en el centro, y no solo en relación con poder abortar o no. En general, estas leyes pasan como parte de un paquete, son muchas patas. ¿Cómo podemos pensar otro tipo de intervención legislativa que a largo plazo no termine intensificando las violencias estatales capitalistas? Tenemos un desafío y me parece importante ver procesos que en el pasado dieron pie a mayor violencia con la excusa de protegernos.
En Argentina también hay sectores del movimiento feminista que aun reconociendo los cambios en materia legal, empezaron a discutir los límites del castigo como “solución”. En el libro reflexionás sobre las experiencias comunitarias, aun cuando se trate de medidas o respuestas parciales. ¿Ves que estas políticas tienen relevancia en el movimiento feminista actual?
A mí me parece que es un lugar, no me gusta como decir el único, pero es un lugar clave en este momento. No todo el mundo acude a la denuncia, partimos de la base de quiénes son las personas que pueden sentirse cómodas haciéndola. Ahí me parece que es bueno no caer en “está bien, está mal”, si no pensar qué pasa con todas las personas que por ser parte de comunidades o grupos criminalizados no pueden acudir a eso como solución. Y ahí me interesa una larga tradición, que viene justamente de pensar mecanismos de responsabilización que no pasen meramente por el “que se pudra en la cárcel”, romper la retórica del sistema porque nos hace hablar y buscar soluciones en lugares que sabemos que no resuelven. Si lo que nos proponemos en determinadas luchas es terminar con esa violencia, no gestionarla, ¿no? Porque ahí me parece que hay otra cuestión, ¿qué queremos a largo plazo? Y si queremos una transformación en la que todas las vidas se puedan vivir con dignidad, la cárcel no es [una solución] porque ahí sabemos que quienes terminan siendo criminalizadas ya lo son por otras razones. Es una máquina que nutre al Estado y al capitalismo y no a nosotres. La posibilidad de fortalecer, de nutrir la capacidad de intervenir en las violencias tiene que venir desde ese lugar [comunitario] porque también es lo que están destruyendo, porque el proceso neoliberalizador lleva décadas, pero estamos en un momento en el se expresa de distintas maneras, la violencia, las guerras, la imposición de la muerte prematura de tantas comunidades. Es un momento en el que vemos que hay un proceso de usurpación, de despojo que tiene como meta dividir y destruir la posibilidad de relaciones sociales fuera del régimen de lo descartable, de las violencias, aún cuando hablamos de lo que tratan de meternos, como la violencia narco, vemos que la operación es despojar el territorio, separar comunidades y usar a las personas más jóvenes, robar infancias, robar juventudes para meter en esa maquinaria… Me parece que hay un gran desafío ahí, desde los distintos saberes comunitarios, lo que llamo “pedagogías populares”, de cómo intervenir, interrumpir estos procesos, desescalar, pero darles un lugar porque el problema que nos impone la mirada “Estadodocéntrica” es que nos quedamos paralizades porque se delega la solución afuera, a un Estado que es racista, sexista, patriarcal, a pesar de las variaciones, pero que termina siempre protegiendo ciertas estructuras. Por eso creo es inspirador mirar desde las comunidades que tienen siglos de lucha contra esas violencias del sistema y creo que es donde necesitamos mirar y aprender. Yo aprendo mucho mirando la experiencia en Cherán (México), cómo a través de la posibilidad de determinación colectiva, de autodeterminación sobre la vida, la distribución de tareas, la violencia contra las mujeres baja también. Porque hay un lugar para trabajarlo, no significa idealizar ni romantizar. Y acá aprendo de las comunidades que han sido asediadas históricamente por el sistema policial y carcelario, cómo desarrollamos maneras de lidiar con estas violencias desde otros lugares que no sea caer en eso que nos está violentando.
Insistís mucho en la relación entre las luchas feministas, la lucha contra la violencia patriarcal y las luchas por las condiciones de vida. ¿Cómo ves que funciona esa relación?
Es un punto clave en cómo tomar roles más activos, por ejemplo, en las luchas presupuestarias [se refiere a luchas locales para desviar presupuestos de seguridad en vivienda, educación, salud, entre otras cuestiones]. Y es muy importante para mí traer de las luchas de los años 1970 y los feminismos; por ejemplo, en el libro analizo un poco la lucha por el salario doméstico, que ha sido muy malinterpretado porque se lo ve como si dijeras “bueno es luchar para que el Estado te dé”, pero hay una diferencia cuando dice “ver la lucha desde una dimensión política”, cuando no hay condiciones para un autodeterminación de base. Es decir, cuanta más precarización vivimos más destruido está lo comunitario y más destruidas las posibilidades que tenemos de sobrevivir en cualquier ciudad, en cualquier lugar. Al vincularse con las luchas presupuestales, que es algo que están haciendo muchas colectivas de mujeres que salen de la cárcel, que plantean cómo redirigir esas luchas a procesos de autodeterminación. [Por ejemplo] si vamos a reclamar, en lugar de que el Estado use ese presupuesto en reprimirnos, en castigarnos, exigir parte de eso para procesos que tengan que ver con vivienda, alimentación, crianza, no delegando al Estado sino tomando un rol activo en esos procesos [...] Los feminismos hacen posible esa multidimensión, que tenemos que estar con los ojos en distintos niveles, cómo esas luchas presupuestales no terminan cayendo en una mera dependencia mayor con respecto al Estado, que después genera más problemas, cómo se hace desde procesos de participación más activos y una conciencia clara, un horizonte común. Por eso me parece que hay una enseñanza de los años 1970 que se está reactivando. Hay un grupo que me parece inspirador, de mujeres que se organizaron en la cárcel, salieron y armaron un proyecto que llaman “Familias por la justicia como sanación” en una zona en las afueras de Boston (Massachusetts) que plantea qué implicaría un presupuesto que nos permita un tipo de vida que no nos lleve otra vez a la cárcel, cuestionar que la cárcel sea el único vestido posible y después no se puede salir de ahí [...]
Hay dos ideas que recorren tu libro que me parecieron interesantes, una es que no es necesario empezar de cero todo el tiempo, algo que está en esa lógica de destrucción también de la memoria colectiva de las experiencias de lucha. Y la otra, que proponés retomar la visión del feminismo en los años 1970, de mirar “desde el lugar más bajo de la pirámide social”, ¿en qué estás pensando cuando proponés eso?
Ahí es donde encontramos una conexión, una imbricación fuerte entre diferentes formas de violencia, algo que sobre todo los feminismos negros y de color acá en Estados Unidos desarrollaron en los años 1970 y 1980. Si no miramos desde ahí al pensar posibles soluciones para lidiar con la violencia, a veces caemos en mecanismos que terminan generando más violencia en ese nivel más bajo. Si miramos desde ese lugar se nos habilita pensar con un horizonte más a largo plazo, que tiene que ver justamente con lidiar con múltiples formas de injusticia y no con una. Y es lo que yo creo que los feminismos actuales reactivaron [...] La lucha contra el feminicidio, concentrándose en terminar con la violencia de género empieza, a través del paro [se refiere al rescate de la idea del paro internacional de mujeres, que señaló los aspectos económicos en la reproducción de la violencia patriarcal], a conectar las múltiples violencias. Creo que eso nos lleva a esta mirada nuevamente y qué significa realmente terminar no con la violencia de género como algo singular individual, separado del resto de las violencias, sino terminar con todas esas violencias que son también formas de injusticia a distintos niveles. Por eso creo que es el gran desafío que tenemos en este momento, que llama a una creatividad muy grande.
Mirar desde la base de la pirámide social nos permite pensar horizontes comunes a largo plazo y no soluciones parciales de “sentencias más largas” o incluir la violencia de género en las políticas de seguridad, políticas en las que no creemos, que alimentan violencias contra mujeres y personas no binarias. Por eso para mí mirar desde la cárcel es muy importante, mirar desde esos lugares que siempre se invisibilizan, lugares donde se desaparece, es la ficción de hacer desaparecer, de eliminar el problema en la sociedad de lo descartable. El lenguaje de seguridad, que cada vez se está imponiendo más, es un lenguaje totalmente basado en individualizar. Es una práctica constante luchar contra eso y traer un análisis material de las condiciones que llevan a lo que llaman delinquir o robar, que siempre son condiciones de imposibilidad de poder vivir. Me interesa mucho eso en relación con la criminalización de la supervivencia [...] Una compañera estaba sin trabajo, tenía que hacerse cargo de su madre y sus hijes, y encontrar cualquier changa para ni siquiera cubrir la alimentación y en ese momento le hablan de la venta de esquina [venta de drogas a pequeña escala]. Luego es interesante el análisis que hacen desde el ámbito de estudios legales feministas contra la criminalización, sobre las mujeres dentro del circuito de ventas son las más perseguidas por la policía, son el primer sujeto criminalizable, no toca a nadie importante y así crece el sistema carcelario. El aprendizaje de las luchas contra el sistema carcelario, que viene de décadas y también de mujeres presas políticas de los años 1970, es que una vez que vos aumentás el sistema carcelario, una vez que aumentás los presupuestos para más vigilancia policial, cada vez se hace más difícil achicar el sistema. Porque una vez que construyen una cárcel tienen que construir los sujetos que van a entrar. Por eso una pata de la lucha abolicionista es frenar la construcción y luchar por cerrar cárceles sin que eso implique abrir otras, reducir los procesos de criminalización. Necesitamos análisis que puedan leer las relaciones, implicaciones y presuposiciones. Es algo que escribe Marx mismo, está en los escritos del joven Marx, que dice como el Estado precisa crear los crímenes que crean a su vez todo un sistema alrededor [...].
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Extorsión y abuso sexual a niñas y mujeres al amparo del régimen de excepción en El Salvador
31 de marzo, por Violencia de Estado — Internacional, Géneros y Sexualidades, Edición Estado Español, El Salvador, Edición México, Delitos sexuales, Edición Uruguay, Edición Venezuela, Punitivismo, Nayib Bukele, Represión estatal, Edición Costa Rica , Pandillas El Salvador, Internacional, Géneros y Sexualidades, Edición Estado Español, El Salvador, Edición México, Delitos sexuales, Edición Uruguay, Edición Venezuela, Punitivismo, Nayib Bukele, Represión estatal, Edición Costa Rica , Pandillas El SalvadorMilitares y policías en las calles de El Salvador amparados por el régimen de excepción, impuesto por Nayib Bukele hace dos años, dejan un rastro de abusos sexuales a niñas y mujeres, que pueden catalogarse como crímenes de lesa humanidad.
Se cumplieron dos años de un régimen de excepción (permanente) en El Salvador, prorrogado 24 veces, epicentro de la política punitiva de Nayib Bukele, con la suspensión indefinida de garantías individuales que ya deja un rastro de violaciones y extorsiones sexuales a niñas y mujeres por parte de militares y policías, que organizaciones de derechos humanos estiman como parte de los abusos cometidos a gran escala a la población.
Bukele ha convertido a El Salvador en laboratorio de ensayo centroamericano de políticas represivas y de control social a gran escala y formas de coerción de las extremas derechas de América.
Con la detención masiva de más de 75,000 personas, prácticamente desaparecieron de las calles la Mara Salvatrucha (MS13) y dos facciones del Barrio 18 que dominaban el escenario delictivo del país centroamericano; aunque cayeron en picada las tasas de homicidio y extorsión, generando la percepción pública de una drástica mejora de la seguridad, la organización Socorro Jurídico Humanitario estima que al menos el 35% son inocentes, una cifra no menor de 26,250 personas.
Un problema central es la evidente impunidad estatal en el marco del Plan de Control Territorial, que fue declarado en reserva por siete años por el Instituto de Acceso a la Información Pública, lo que impide conocer los detalles de las políticas de seguridad del gobierno y las consecuencias específicas del ataque masivo a los derechos humanos del pueblo salvadoreño y en este caso de las mujeres.
La militarización del país es medular, la transformación de la Policía Nacional Civil en una de corte militar, los mayores presupuestos a las Fuerza Armadas en su historia, el objetivo de Bukele de duplicar las tropas hasta llegar a 40,000 militares, avizoran un pésimo escenario para la clase trabajadora y las mujeres en El Salvador. El despliegue de fuerzas represivas ha sido de una desproporción tal que el gobierno ha movilizado a un soldado o policía por cada 24 habitantes, como en el municipio de Soyapango el 4 de diciembre de 2022, donde desplegó a 8,500 soldados y 1,500 policías para detener a 140 personas sin orden judicial, principalmente de jóvenes señalados de vínculos con las pandillas. Es en este escenario de empoderamiento total del Ejército donde ocurren los abusos sexuales de mujeres bajo el régimen de excepción.
La violencia sexual cometida por el Estado
“Las niñas no se violan, no se tocan, no se matan”, decía la manta de organizaciones feministas que en octubre pasado exigieron justicia frente al Estado mayor del Ejército por los abusos sexuales de militares que salieron a la luz, entre ellos, el de una menor de 13 años atacada por el sargento naval Héctor Ovidio Alvarado Rivera en complicidad con cinco militares de la Marina.
El caso ocurrió el 23 de septiembre cuando cuatro jóvenes, tres de ellos menores, volvían de playa Mizata en el departamento de La Libertad, fueron detenidos por la patrulla de la Fuerza Naval a cargo del sargento Alvarado, que los puso contra la pared con las manos en la nuca, los soldados Hilario Flores Cabezas, Vicente Gómez González, René Escobar Sánchez, Edgardo Pintín Martínez y Eder Salazar Molina separaron a las niñas y el sargento se llevó a una de ellas de 13 años, mientras golpearon a un joven que intentó impedirlo. Bajo amenaza de detenerlos bajo el régimen de excepción ella fue violada y los jóvenes pudieron encontrarla hasta que los militares abandonaron el lugar.
La noticia recorrió el país y en este caso los soldados enfrentan cargos, directos o en complicidad, por agresión sexual agravada y continuada en menor, violación agravada en menor y privación de libertad agravada. Es un caso aislado, dijo el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Monroy, mientras el vicepresidente Félix Ulloa ha opinado en diversas ocasiones que “en una guerra habrá víctimas inocentes”.
La violencia sexual estatal se convierte en un crimen “invisible” cuando el gobierno empodera a las fuerzas armadas y rige la misoginia en las instituciones de seguridad, además, por el fundado temor de las mujeres a denunciar cualquier tipo de violencia y más aún los abusos policiales y militares cuando carecen de garantías individuales.
No son casos aislados
Otra niña de 13 años fue detenida el 31 de octubre en Bosques del Río, Soyapango, por tres paracaidistas del Ejército e integrantes del Comando de Fuerzas Especiales, por la violación de uno de ellos, tuvo que ser internada siete días en el Hospital de la Mujer, donde agentes policiales la presionaron para desistir en su denuncia y que dijera que el soldado era su "esposo". El abuso ha sido negado por la Policía Nacional Civil y la prensa salvadoreña informó que la joven y su madre huyeron del municipio.
Según el Observatorio de la Política Internacional, el aumento de la violencia sexual que ocurre en el país corresponde a las agresiones de agentes estatales que extorsionan sexualmente a mujeres y niñas, los casos más conocidos ocurrieron en Puerto El Triunfo, donde fue detenido en abril de 2023 el jefe de la Fuerza Naval, José Edid Cortéz Henríquez, luego de muchos abusos y amenazas de detención a mujeres, sus esposos, padres o hermanos, sino accedían la extorsión.
Mientras que al noroeste del país, en las colonias La Militar, La Bolsa y Las Palmeras del Departamento de Santa Ana, con al menos dos denuncias, son un secreto a voces las extorsiones de policías y militares, que según pobladores ocurren más en menores y las familias temen denunciar por miedo.
Es incuantificable el número de víctimas o de sus familiares que han sido detenidos o están presos, acusados de colaborar con pandilleros por no aceptar extorsiones sexuales, aunque la Policía Nacional Civil registró 103 denuncias por diversos tipos de extorsión en 75 días de 2024, del 1 de enero al 15 de marzo. Y organizaciones de derechos humanos como Cristosal, identificaron un incremento del desplazamiento forzado interno a causa del acoso o la violencia de agentes estatales, lo que coincide con los testimonios que refieren que hay mujeres que decidieron huir de sus comunidades para no ceder o salir del abuso y algunas salieron del país.
El común denominador de estos crímenes de Estado es la pobreza en las comunidades y la impunidad de las fuerzas represivas por el régimen de excepción, a la extorsión sexual se suma la económica y los robos durante los allanamientos, que se convierten en un tema cada vez más común en medios locales. Hasta diciembre de 2023, únicamente 14 policías y soldados habían sido detenidos por cometer abusos diversos durante el estado de excepción.
Silenciar a las mujeres perpetua la violencia sexual estatal
Todas y todos los activistas de derechos humanos y por los derechos de las mujeres involucrados en la denuncia y esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y de la violencia sexual estatal en El Salvador, enfrentan el silenciamiento de estos delitos en el marco de la “guerra contra las pandillas”, como una práctica de Estado que reduce todo a un “daño colateral” y busca invisibilizar lo que ocurre a las mujeres durante el régimen de excepción. Amordazar sus voces es también una estrategia para cometer y mantener la impunidad.
La cuestión es que cuando la violencia sexual estatal es sistemática, hablamos de un crímen de lesa humanidad [1] y eso enfrenta el gobierno de Bukele con las violaciones generalizadas de derechos humanos. Aún cuando la suspensión de garantías, la corrupción, el interés por mostrar como un éxito la política bonapartista punitiva del gobierno y el autoritarismo reaccionario institucional actual, dificultan la lucha por justicia ante los abusos del Estado.
El pueblo de El Salvador conoce bien las consecuencias sociales por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil y el peso de la impunidad por la violencia y tortura sexual de militares y paramilitares contra niñas y mujeres. La reconciliación que amnistió a múltiples culpables de las aberraciones sufridas por la población, permitió la imagen de renovación de las Fuerzas Armadas de un nuevo régimen que mostró pronto su degradación política (durante tres décadas), misma que el Ejército ha mostrado pronto bajo el gobierno de Bukele.
A pesar de la hegemonía relativa que concentra la figura presidencial, los problemas estructurales de la población y las causas de la violencia que provocaron las pandillas no están resueltos y no se resolverán con la “guerra contra las pandillas”, al servicio de la casta política que se beneficia por la corrupción y abusos del régimen de excepción.
Detrás de esta “guerra” de Bukele también se exacerban las prácticas cotidianas que la cultura patriarcal normaliza (en tanto, él ataca toda perspectiva de género), a la par de un gobierno militarizado que niega derechos elementales a todo el pueblo y descarga su mayor violencia en las mujeres pobres, mientras que obstruye las investigaciones de la masacre del Mazonte de 1981 y niega el acceso judicial a los archivos militares del genocidio.
Las reflexiones y experiencias sobre las violaciones ocurridas en contextos de guerra, dictadura y represión política, llevadas a cabo por mujeres en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y en muchos otros casos, nos sirven a las mujeres que vivimos las violencias machistas y la violencia estatal en todas sus formas, para decir: nunca más. Y entender que la violencia sexual estatal es una práctica de represión y disciplinamiento social para imponer el silencio a todas las mujeres e impedir las luchas por nuestros derechos.
Más allá del silencio y el manto de impunidad que pretenden imponer es necesario que las mujeres indígenas, campesinas, obreras, jóvenes y mujeres de la clase trabajadora salvadoreña, tejan redes solidarias de reflexión, organización y acción contra los crímenes del Estado contra las mujeres.
Es necesario preservar la memoria colectiva y elevar la denuncia por justicia. La cárcel para todos los militares y policías abusadores amparados por el gobierno, debe ser motor de la resistencia y la organización de las mujeres, activistas y defensoras en El Salvador. Ni perdón, ni olvido a los crímenes estatales del pasado, memoria y justicia para los crímenes del presente (que ya son) de lesa humanidad del gobierno de Bukele. Abajo el régimen de excepción, la lucha por las libertades democráticas está más planeada que nunca en El Salvador.
[1] El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional califica la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado y otros abusos sexuales, como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
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Día de la Visibilidad Travesti-Trans: la lucha por nuestros derechos sigue en pie
31 de marzo, por Tribuna abierta — Géneros y Sexualidades, LGTBIQ+, Transgénero, Día de la visibilidad trans, Géneros y Sexualidades, LGTBIQ+, Transgénero, Día de la visibilidad transCada 31 de marzo se remarca el valor de vida de las personas transgénero , sin ningún tipo de prejuicio y sin dejar de reconocer las peleas que, día a día, damos en todo el mundo contra los crímenes de odio.
La importancia de esta fecha es que, antiguamente, solo se conmemoraba el Día de la Memoria Trans cada 20 de noviembre para recordar a aquellas víctimas de trans-odio. Desde el 31 de marzo de 2009 celebramos nuestra visibilidad, luego de haber sido invisibilizadas tantos años por la sociedad, así como también por nuestra propia comunidad LGBTiQ+. Somos quienes nos proponemos cambiar esa historia y, por eso, la importancia de un día como éste.
Sin embargo, la realidad de muchos países de América Latina y del resto del mundo es otra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre el 0,3% y el 0,5% de la población mundial es trans. La información que manejamos desde Urbana Trans indica que la discriminación, las violencias y los discursos políticos contra esta comunidad persisten.
¿Cómo están las trans a lo largo del mundo?
Argentina es un país con leyes pioneras, cual está siempre en la mira de todo el mundo por su normativa LGBTIQ+. Entre ellas, se encuentra la Ley de Identidad de género. Otros países de la región que han adoptado leyes para permitir a una persona cambiar de sexo y nombre en documentos oficiales son: Ecuador, Colombia, Bolivia, Panamá, Chile y Uruguay. En 2021, la Ciudad de México se sumó con una regulación local que reconoce formalmente a la comunidad trans, pero todavía faltan diecisiete estados para que se reconozca este derecho en ese país.
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En los Estados Unidos es una fecha que busca generar conciencia sobre las situaciones diarias de vulneración de derechos, estigmatización, discriminación, violencia, discursos y crímenes de odio que sufre este colectivo. Según estudios, hay al menos 700.000 personas transgénero en ese país. Representan cerca del 0.3% de la población total y un 3.5% de la comunidad LGBTQ+ norteamericana.
Una pionera de la lucha en este país fue Marsha P. Johnson. Era una activista popular en el ambiente gay y artístico de Nueva York entre las décadas de 1960 a 1990 y formó parte del Movimiento de liberación LGBT. Sin embargo, él mismo nunca se identificó con el término transgénero.
Por su parte, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita y Yemen dictaron leyes que establecen la pena capital como castigo para los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo.
Qatar, Afganistán, Pakistán, Somalía y Emiratos Árabes Unidos no se quedaron atrás: la pena de muerte solo por ser trans u homosexual es una posibilidad según interpretaciones de la Ley Islámica o “Sharía”. El informe "Homofobia de Estado" , redactado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), aclará que esta normativa no tiene certeza legal y puede ser contestada.
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Más visibles y con derechos
Necesitamos ser más visibles en todas las áreas, desarrollarnos como el resto de la sociedad y no ser expulsadas, marginadas o impulsadas al trabajo sexual como único medio de subsistencia. Por eso, las personas trans necesitamos derechos que nos protejan y ayuden a cumplir nuestro rol como ciudadanos en el país que estemos.
Visibilidad también es recordar aquellas grandes pioneras de la lucha que lleva cada comunidad trans en su país. Aquí en Argentina fueron Lohana Berkins , Nadia Echazu , Claudia Pía Baudracco , Cris Miro, entre otras. Cada una, desde su lugar, fueron eslabones importantes para conquistar leyes de vanguardia a nivel mundial en identidad de género.
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Feminicidio de Rosa Elvira Flores, activista por los de derechos de la mujer en El Salvador
29 de marzo, por Violencia hacia las mujeres — Internacional, Géneros y Sexualidades, El Salvador, Centroamérica, Edición México, Edición Venezuela, feminicidios, Nayib Bukele, Internacional, Géneros y Sexualidades, El Salvador, Centroamérica, Edición México, Edición Venezuela, feminicidios, Nayib BukeleRosa Elvira Flores era activista por los derechos de la mujer en El Salvador y fue encontrada muerta luego de estar 8 días desaparecida.
La activista feminista salvadoreña Rosa Elvira Flores de 47 años, integrante del Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), fue reportada como desaparecida ante la fiscalía el 20 de marzo, sus familiares y compañeros la buscaban y exigían a las autoridades de El Salvador su localización con vida.
Fue vista por última vez en el municipio San Julián del departamento Sonsonate y tuvo comunicación con sus familiares cuando se dirigía a su domicilio el 19 de marzo, pero nunca llegó.
El 27 de marzo, fue encontrado su cuerpo sin vida en un cañaveral del cantón Los Lagartos, del municipio San Julián, ahora su compañera y directora del MSM, Ana Isabel López, denuncia su asesinato y alerta que esto constituye una amenaza y riesgo hacia las mujeres defensoras de derechos humanos, exige su esclarecimiento y justicia para encontrar a los culpables. Aún se esperan resultados de la autopsia al cuerpo de la activista para determinar la causa de muerte.
El Movimiento Salvadoreño de Mujeres es una organización creada en 1988 por la defensa de los derechos humanos y en solidaridad con las mujeres que sufrían la violencia policial y militar en el marco de la guerra civil, de la semiclandestinidad por la dura represión inicial a su conformación legal y consolidación feminista actual, la organización mantiene alianzas con docenas de organizaciones de mujeres y derechos humanos en El Salvador y a nivel internacional, actualmente realizan trabajo comunitario y político bajo el régimen de excepción, por los derechos de las infancias, de las mujeres y en contra de la desigualdad social y económica que viven las comunidades pobres en El Salvador, a la vez que participan en acciones coordinadas de protesta como la Marcha Mundial de las Mujeres.
Rosa Elvira era una integrante activa del MSM, también fue madre de seis hijos y se encontraba realizando trabajo en diversas comunidades en promoción de los derechos de la mujer y contra la violencia de género.
A dos años de régimen de excepción en El Salvador, la ausencia permanente de garantías constitucionales de la población, bajo el bonapartismo reaccionario de Bukele, mantiene en riesgo latente de abusos de fuerzas estatales a todas y todos los defensores de derechos humanos en el país.
Precisamente esta misma semana fue informada la familia del activista sindical de trabajadores de la Terminal Oriente, Hever Chacón, que murió en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Santa Ana, al noreste de El Salvador. Asesinado por negligencia criminal penitenciaria, siendo preso político inocente y sin vínculo con pandillas, que tras ser criminalizado y encarcelado sin ningún derecho, había recibido su orden de libertad.
Aunque no existe un lugar seguro en El Salvador para activistas, sindicalistas, defensoras, ni para nadie del pueblo bajo el Plan de Control Territorial de Bukele, han sido fundamentales las protestas de organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos en denuncia por los crímenes y abusos cometidos por agentes del Estado durante los operativos en zonas populares. Gracias a las denuncias y protestas, se han conocido los casos de extorsión y violación sexual de militares y policías a mujeres y niñas, los ataques y abusos cometidos durante los allanamientos a domicilios y en las calles contra la juventud y se comienza a conocerse las consecuencias de la pérdida de garantías dentro y fuera de las cárceles del país.
Por ello, es necesario que se extienda la exigencia de justicia para Rosa Elvira Flores y se garantice la protección de su familia, su crimen ocurrió mientras Bukele enviaba a más de 6,000 militares y policías al norte del país a cercar la zona en su “guerra contra las pandillas”. No existen cero homicidios en un país donde los feminicidios no paran y quienes mueren son activistas.