Julio César Grassi, el cura que cumple una condena a 15 años de prisión por abuso sexual de menores, fue denunciado por desviar donaciones de la fundación Felices los Niños hacia el penal donde se encuentra detenido. Mientras, en la Fundación los alimentos están en mal estado, comida por roedores; y las instalaciones edilicias están destruidas.

Infancia interrumpida

El abuso sexual a menores es una práctica aberrante que provoca consternación social cada vez que un caso se hace público. Esta práctica ominosa es un abuso de poder sobre el menor, donde el abusador se refugia en el secreto que induce el miedo, el desamparo y la vergüenza. Imaginemos que éste abusador es una figura pública que cuenta con prestigio, apoyo popular y fuertes vínculos con el poder. Imaginemos que las víctimas pertenecen a familias muy humildes, o son huérfanos. Imaginemos a estas víctimas animarse a denunciar; sortear aprietes judiciales, amenazas a testigos, pedidos de nulidad de la causa; soportar ser denunciante en una causa que dura más de nueve años, con infinitas irregularidades, y esperar cuatro años más para recién ver preso al abusador. Imaginemos que sentirían las víctimas si se enterasen que ese abusador condenado ‘dirige’ la penitenciaria en la que está ‘detenido’, y usa los fondos de una fundación que da albergue a chicos carenciados y huérfanos para comprar voluntades dentro del penal. Ahora imaginemos que sienten en este momento las víctimas de Grassi.

Grassi y la “pesada”

Una oficina con baño propio, computadoras, cuatro celulares, un televisor LCD, y más de $5.000 en la billetera. Dos veces por semana llegan cargamentos de comida al penal de Campana, proveniente de la fundación Felices los Niños, desviados a la penitenciaria por dos “discípulos” del cura Grassi. Así pasa sus días en la cárcel el cura abusador, quien cuenta con la complicidad del director del servicio penitenciario de Campana, el prefecto mayor Raúl Garnica. Este desvío de donaciones le permite a Grassi gozar de prebendas y prerrogativas y en tan sólo nueve meses logró manejar un penal. Mientras que los niños que viven en la Fundación sufren las pésimas condiciones de infraestructuras, mal alimentados y obligados a ingerir comida en mal estado. Según el secretario de la Defensoría General de San Martín, a cargo de la Fundación, Juan Manuel Casolati, dijo que "hubo complicidad de un grupo de leales que tiene Grassi allí, que se ha ido enriqueciendo en estos años y ha ido utilizando la organización en beneficio propio; son las manos ejecutoras de Grassi en los ilícitos que comete desde el penal de Campana". Una explicación que no alcanza para responder a la pregunta de por qué conserva tanto poder este cura que acumula denuncias.

Recién después de hacerse públicos los últimos delitos del cura, Daniel Scioli dio instrucciones de apartar ‘preventivamente’ a Raúl Garnica de la conducción del penal para "garantizar la transparencia de la investigación", y envió al responsable de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, a que intervenga la Fundación. Cuando fue el Gobierno Provincial responsable de incumplir todas las medidas de control sobre esta Fundación que viola, por ejemplo, la Ley 26.061 de Protección Integral de la Infancia. También hizo la vista gorda de las donaciones que se realizan mediante transferencias bancarias. Si el Estado provincial no controló es porque prefirió dejar hacer.

Casaloti, después de siete meses al frente de la Fundación, denunció el 25 de julio ante la justicia penal de Morón, que camiones con donaciones dirigidas a la Fundación Felices los Niños habrían sido llevados a la Unidad N°41, donde está alojado el cura. Destacó que Grassi "se las arregló para crear otra fundación llamada Padre Pío, para continuar recibiendo donaciones" y agregó: "Es un sistema muy extraño de recaudación por cheques, además, tiene un sistema de telemercadeo para recibirlas".

Grassi continua gozando de la impunidad que le facilitan los funcionarios del Estado, de otra manera no hubiera conservado tanto poder; y amparado por la Iglesia, la que ni siquiera lo sometió al Código Canónico, el tribunal judicial interno de la Curia. El ‘caso Grassi’ muestra, una vez más, una Justicia al servicio de los poderosos, y una Iglesia cómplice de los curas abusadores.

¿Quién es el cura Grassi?

En los años ’90 la figura del cura Grassi estaba prestigiada por dirigir la fundación Felices los niños; una institución dedica a albergar chicos carenciados y huérfanos, con “guarda” judicial (6300 niños derivados por la justicia). Socio en negocios millonarios con la farándula y con fuertes vínculos con el poder menemista, construyo un “imperio” que hasta hoy le otorga privilegios e impunidad. Bajo la era menemista, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo le proporcionó $5 millones y 65 hectáreas de tierra en Hurlingham para instalar la Fundación Felices los Niños. Recibió fondos de Chiche Duhalde, de los hermanos Born y del Banco Nación. Este prestigio comienza a resquebrajarse en el año 1998. Grassi mantuvo una disputa con gente de Hard comunications, una empresa que ganaba dinero a través de juegos telefónicos, donde el cura aseguró que esta firma lo había estafado por no entregarle todo el dinero que debían darle al finalizar el concurso televisivo del programa de Susana Giménez. Estos empresarios se la hicieron ‘pagar’ y destaparon la olla; Grassi fue sospechado de lavado de dinero, evasión impositiva y abuso sexual de menores. Pero las víctimas de abuso sexual vieron la oportunidad y se animaron a realizar las denuncias. En el año 2000 se le abre una causa por estos delitos, pero sus vínculos con el poder permitieron que esta causa fuese cerrara poco tiempo después.

En junio de 2001, bajo el gobierno de la Alianza, el ministro Cavallo organizó una cena en beneficio de la fundación que se realizó en uno de los hoteles más caros del país. La recaudación llegó a los 300 mil dólares, con aportes de Carlos Ruckauf, Aníbal Ibarra, Mauricio Macri (una camiseta de Boca se vendió a 35 mil dólares y una de River a 20 mil), Mariano Grondona y los empresarios Santiago Soldati, Alejandro Roemmers, José María Ranero Díaz (Repsol-YPF), Sergio Inaudi (Techint) y Cristiano Rattuzzi (Fiat), entre otros. En esos años Grassi recibía aportes millonarios por parte del supermercadista Alfredo Coto, o de empresas como Metrovías.

El juicio comenzó en 2002, lo condenó en 2009 y lo puso preso en 2013

En el año 2000 fue realizada la primera denuncia contra el cura Grassi por abuso sexual; la causa es archivada. Las denuncias continuaron y en el 2002 comenzó el proceso contra este cura pedófilo, acusado de por los menos 19 casos de abuso sexual y corrupción de menores. Durante seis años se desarrollo la instrucción, plagada de irregularidades y nueve meses de juicios con más irregularidades.

Amenazan a testigos obligados a desdecirse de sus denuncias. A raíz de esto el juez de Menores de Morón Ricardo Oyama fue acusado de mal desempeño en sus funciones, que a pedido de los abogados de Grassi, dejó sentada a nivel judicial una supuesta retractación de uno de los tres chicos que denunciaron al sacerdote por abuso sexual. Por esto también fue detenido el abogado de Grassi, el famoso Miguel ángel Pierri. Fue él quien se presentó ante el juzgado de Oyama como representante legal de la madre del chico, llevado con engaños, quien firmó una supuesta declaración en la que se desdecía de sus denuncias. A pesar del apoyo que Grassi recibía desde todos los extractos del poder hubo tres fallos condenatorios -el TOC 1 de Morón, la Cámara de Casación; y la Suprema Corte de Justicia bonaerense-, pero Grassi continuó en libertad. El juicio oral, que contó con casi 200 testigos y se extendió por nueve meses, después de una instrucción que había durado siete años, encontró a Grassi culpable de sólo tres hechos de abuso sexual y corrupción de menores . Debería haber cumplido condena efectiva desde el año 2009, pero siguió contando con la impunidad que le otorga sus vínculos y negocios con el poder. Recién fue preso en el año 2013 y ‘cumple su condena’ en el Penal de Campana, imputado por abuso agravado, violación y corrupción de menores.

Durante este juicio, el entonces cardenal Jorge Bergoglio, así como el conjunto de los representantes de la Iglesia Católica, con su silencio cómplice protegieron al despreciable Grassi. Bergoglio, ni como cardenal, tampoco como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, denunció ningún caso de abuso sexual cometidos por sacerdotes, ni siquiera recibió a las muchas víctimas que hay en el país. A pesar de las condena social y judicial, Grassi no fue sometió al Código Canónico, el tribunal judicial interno de la Curia.