Mientras el gobierno prepara los festejos del 25 de mayo por lo que denomina “la década ganada”, millones de mujeres y jóvenes de la clase trabajadora y el pueblo pobre muerden su bronca, en silencio. Sus expectativas han sido aplastadas: en una década, aumentaron enormemente los índices de embarazos de niñas y adolescentes; la violencia creció fatalmente; miles de mujeres han muerto por la negligencia de un gobierno empeñado en no legalizar el aborto; centenares de familias siguen buscando a sus hijas secuestradas por las redes de trata; y mientras los empresarios amigos del gobierno se enriquecen, la mitad de las mujeres que trabajan lo hacen en condiciones de precarización. ¿Las mujeres tenemos algo que festejar en este aniversario kirchnerista? ¿Cuál es nuestro propio balance de una década de gobiernos K?

¿“Nadie puede desaparecer de ningún lado”?

Eso dijo, cínicamente, Cristina Kirchner en La Plata, la ciudad donde desapareció Julio López. El descaro sin límite de la presidenta no alcanza para ocultar algo evidente en las provincias del norte, en los barrios humildes y en los alrededores de las universidades de todas las ciudades del país: las redes de trata “hacen desaparecer” a las mujeres, bajo la mirada cómplice o la participación directa de las fuerzas represivas del Estado y los funcionarios políticos. Hasta la Organización Internacional para Migrantes escribió en un informe sobre Argentina, que observa “con preocupación que las prácticas van desde la tolerancia omisiva hasta la activa protección de los tratantes por parte de miembros de fuerzas de seguridad”

Marita Verón, Florencia Pennachi, María Cash… Historias de vidas sesgadas, familias que siguen buscando a sus hijas. Estos casos emblemáticos son apenas la punta de un iceberg, porque son centenares las desaparecidas por las redes de trata. La mayoría de las víctimas son argentinas, bolivianas y paraguayas. Engañadas por falsas promesas de trabajo, por falsos “novios” que las entregan a los proxenetas o secuestradas en la calle, a plena luz del día, permanecen esclavizadas, drogadas, violadas, violentadas y prostituidas a la vista de todo el mundo… ¡Pero sin ser vistas por las fuerzas policiales, ni por los funcionarios políticos y judiciales!

Por eso, compartimos la indignación provocada por el controvertido fallo judicial en el caso de Marita Verón, de diciembre pasado. Frente a esa demanda de justicia que estalló espontáneamente en todas las ciudades del país, el gobierno se vio obligado a volver sobre sus pasos: primero había dejado que el proyecto de Ley contra la Trata caducara sin ser tratado en el Congreso, luego, la presidenta solicitó sesiones extraordinarias para darle rápida aprobación, mientras decenas de miles manifestaban su indignación ante tanta impunidad.

¿“Nunca menos”?

Nunca menos de 300 mujeres son las que mueren, cada año, por las consecuencias de los abortos clandestinos. Eso permite concluir que, durante la “década ganada” del kirchnerismo, 3 mil mujeres “ganaron” una muerte evitable con tan sólo legalizar el aborto. Un enorme, brutal e indignante femicidio perpetrado por el Estado y cuyo responsable es el gobierno kirchnerista que siempre se negó a dar tratamiento a esta ley. ¿Cuánto más no haría el gobierno de Cristina contra este derecho democrático elemental de las mujeres, ahora que se abraza con el papa Francisco?

En estos días, un tribunal cordobés –atendiendo el reclamo de una institución fundamentalista católica- declaró inconstitucional la “Guía para la atención de aborto no punible”, dictada el año pasado por el ministerio de Salud provincial. ¿Qué otra cosa podía esperarse de la derechista justicia cordobesa? Aquí no hay diferencias entre opositores y oficialistas: la misma presidenta obligó al ministro de Salud de la Nación a quitar el aval oficial a la Guía que fuera confeccionada por el ministerio nacional. Ni siquiera el aborto no punible está totalmente garantizado. Y mientras no sólo la oposición derechista, sino también la centroizquierda hacen de comparsa en el pacto del gobierno con el Vaticano, Cristina y Bergoglio negocian los artículos del proyecto del nuevo Código Civil que fastidian a la Iglesia oscurantista y que el kirchnerismo ya dispuso que se quiten, en aras de mantener esta Santa Alianza contra las mujeres y sus derechos.

Poner en pie un gran movimiento de mujeres

Ésta es la perspectiva que venimos planteando desde Pan y Rosas y el PTS. Con este objetivo, impulsamos la organización de comisiones de mujeres en distintos lugares de trabajo, de mujeres de familias obreras en agrupaciones sindicales, también entre las jóvenes estudiantes y poniendo en pie Secretarías de la Mujer de centros de estudiantes y otras formas de organización en universidades, colegios e institutos terciarios de todo el país.

La confianza en el gobierno, por parte de importantes sectores del activismo durante esta década, ha conducido al callejón sin salida en el que hoy se encuentra el movimiento de mujeres.

Quienes levantamos las banderas por el derecho al aborto, contra todas las formas de violencia, contra las redes de trata y por los derechos de las mujeres trabajadoras, tenemos que centrar nuestros esfuerzos para impulsar en común un movimiento de mujeres, independiente del gobierno, que luche en las calles por todas sus demandas, empezando por enfrentar el reaccionario pacto de la Casa Rosada con el Vaticano. Tenemos una primera oportunidad para forjar esta unidad en la Jornada de lucha por los Derechos de las Mujeres convocada por la FUBA y abierta a estudiantes y trabajadoras de distintos sectores, el próximo sábado 15 de junio en la Facultad de Medicina. Allí estaremos, planteando esta perspectiva.

(Continuaremos este debate en próximos números de La Verdad Obrera)