En estas últimas semanas, los medios volvieron a dar cuenta de la denuncia que venimos sosteniendo desde hace más de un año desde el CeProDH, junto a la Comisión Interna de Kraft y decenas de organizaciones: que al menos entre 2004 y 2012, la Gendarmería Nacional, la fuerza predilecta del gobierno K, espía a las organizaciones gremiales, políticas, de derechos humanos y, a todo aquel que alguna vez se haya movilizado u organizado por un reclamo.
La información recabada por la Gendarmería tiene una finalidad muy concreta, en el caso del sindicalismo de base: armar causas penales contra las trabajadoras y trabajadores que enfrentan a las grandes multinacionales y a la burocracia sindical, criminalizando la protesta social. En ese lugar donde reúnen la información, Campo de Mayo –uno de los centros clandestinos que funcionó durante la última dictadura militar- siguen conspirando contra quienes se organizan y luchan.
Hace casi un año el gobierno, a través de la ministra Nilda Garré y de Aníbal Fernández, negó que existiera el espionaje ilegal. Hoy, nuevamente los funcionarios vuelven a negar lo innegable. El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, dijo que el espionaje ilegal no existe y defendió el accionar de la Gendarmería. Por su parte, Aníbal Fernández nos ataca para defenderse y ensaya argumentos endebles: ¡tenemos que recordarle que el espionaje no sólo existe sino que se utiliza para armar causas contra miles de luchadoras y luchadores en todo el país, para reprimir a las trabajadoras y trabajadores como en Kraft, para asesinar a quienes reclamaban por su tierra, como en el Parque Indoamericano!
A 37 años del golpe, con un gobierno que se dice “nacional y popular”, las fuerzas de seguridad y las instalaciones militares siguen siendo utilizadas para espiar y perseguir con el objetivo de criminalizar la protesta social. Por eso, exigimos el desmantelamiento de todos los aparatos de inteligencia interior e infiltración de las organizaciones populares y que se declaren nulas todas las causas armadas mediante el espionaje y la infiltración contra los trabajadores de Kraft y PepsiCo y los más de cinco mil luchadores sociales con causas penales en todo el país.
Pero, además, como abogada en el juicio de la ESMA, no puedo dejar de mencionar que, este nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, nos encuentra con un Papa, Jorge Mario Bergoglio, a quien tuve que interrogar como representante legal de Patricia Walsh, hija del periodista y escritor desaparecido, Rodolfo Walsh. En esa ocasión, exigimos al Tribunal que lo cite a declarar en calidad de testigo a partir de la denuncia hecha por la catequista María Elena Funes, quien lo acusó de facilitar el secuestro de los curas jesuitas Francisco Jalics y Orlando Yorio. El ahora Papa Francisco, presentado como un humilde y moderado pastor de los pobres y oprimidos, fue otro cómplice de la dictadura genocida, como toda la cúpula de la Iglesia.
Un motivo más para volver a marchar este 24 de marzo y a organizarnos para terminar con la represión y la impunidad. |
